Javier Milei quiere recortar justo donde el invierno pega más fuerte

La obsesión del presidente Javier Milei por hacer cerrar las cuentas tiene un pequeño inconveniente que no responde a discursos, dogmas ni órdenes presidenciales: el termómetro. En medio de la discusión por modificar el Régimen de Zona Fría, Ignacio Zavaleta, de Laguna Alsina, presentó ante el Senado una propuesta para evitar que el ajuste termine tratando igual a una familia que necesita calefacción con temperaturas bajo cero que a un hogar atravesando los meses de menor consumo de gas.

La iniciativa plantea una salida intermedia: mantener el beneficio entre el 1 de abril y el 30 de septiembre y reducirlo o suspenderlo entre octubre y marzo. El esquema no desconoce el objetivo de achicar el gasto público, pero propone hacerlo cuando la demanda residencial de gas disminuye y no precisamente cuando las estufas dejan de ser decoración.

Los números tampoco ayudan demasiado a convertir el recorte lineal en una genialidad económica. Según las estimaciones incluidas en la presentación, eliminar completamente el beneficio implicaría un ahorro anual de 272.099 millones de pesos. Con el esquema estacional, unos 199.700 millones de pesos quedarían destinados a conservar la protección durante abril-septiembre y aproximadamente 72.400 millones de pesos podrían ahorrarse en los seis meses cálidos. La propia propuesta aclara que la distribución del consumo es preliminar y debería validarse con información oficial.

Y ahí aparece el dato que complica la comodidad de meter todo en la misma bolsa. En Guaminí, la temperatura media de julio es de apenas 7 grados, la mínima absoluta media anual alcanza los 6,2 grados bajo cero, la primera helada se registra en promedio alrededor del 9 de mayo y la última cerca del 6 de octubre. Es decir, el frío de la zona no parece muy dispuesto a acomodarse al calendario fiscal de nadie.

La fotografía regional es todavía más incómoda para cualquier ajuste hecho con regla y tijera. Bahía Blanca registra una mínima histórica de 10 grados bajo cero y una máxima de 41,5 grados; Pigüé llega a 12,2 grados bajo cero y 40 grados; mientras que Coronel Suárez presenta registros extremos de hasta 13,5 grados bajo cero y máximas cercanas a los 40 grados. En Pigüé, además, el período medio de heladas se extiende aproximadamente desde el 19 de abril hasta el 26 de octubre.

El planteo rompe también con una simplificación bastante conveniente: que si durante el verano baja el consumo de gas, entonces mágicamente baja la necesidad energética de las familias. El documento advierte que el sudoeste bonaerense padece los dos extremos: demanda calefacción durante inviernos severos y electricidad para refrigeración cuando las temperaturas estivales rozan o superan los 40 grados. El frío de julio y el calor de enero, por desgracia para las planillas del ajuste, llegan en facturas distintas.

La propuesta también pone sobre la mesa una cuestión federal. Mientras existen iniciativas en el Senado para establecer tarifas eléctricas diferenciadas en el NOA y NEA por las altas temperaturas, el documento reclama aplicar el mismo criterio climático al centro-sur del país. La lógica es bastante menos sofisticada que cualquier ingeniería de recorte: si el Estado reconoce que vivir con calor extremo cuesta más energía, difícilmente pueda hacerse el distraído cuando el termómetro cae varios grados bajo cero.

Además, el esquema contempla mantener protección durante los doce meses para hogares de bajos ingresos, jubilados y pensionados con ingresos insuficientes, personas con discapacidad, familias numerosas y viviendas con condiciones que eleven objetivamente la necesidad energética. Es decir, no plantea repartir subsidios a ciegas, sino combinar criterio climático con situación socioeconómica, algo bastante más quirúrgico que sacar la motosierra y preguntar después quién estaba parado adelante.

Zavaleta propone incluso que futuras revisiones utilicen temperaturas mínimas y máximas, grados-día de calefacción y refrigeración, duración de olas de frío y calor, consumo residencial de gas y electricidad, ingresos familiares y costo fiscal. La intención es que el mapa de beneficios responda a datos concretos y no exclusivamente a límites administrativos.

El planteo deja así una pregunta bastante incómoda flotando sobre el ajuste que Milei convirtió en identidad política: ¿cuánto sentido tiene ahorrar quitando protección precisamente cuando más se necesita? Guaminí no propone conservar todo, ni fingir que el déficit no existe. Propone recortar seis meses y proteger los otros seis. Hasta para ajustar hay formas, aunque admitirlo obligue a reconocer que entre una cuenta fiscal y una casa helada existe algo más que una celda para tachar.