Río Negro: Castro quedó atrapado entre una denuncia penal y los negocios millonarios de su entorno familiar

La gestión de Marcos Castro volvió a quedar sacudida por un escándalo que expone el creciente desgaste político del intendente de Viedma. Esta vez no se trata solamente de contrataciones bajo sospecha, vínculos familiares o expedientes administrativos: el jefe comunal fue denunciado penalmente por el periodista Luciano Barroso, quien aseguró haber sido increpado e insultado por Castro y parte de su familia en una pizzería de Carmen de Patagones.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes y, según relató Barroso, se originó a raíz de las investigaciones periodísticas sobre distintas situaciones comprometedoras para el municipio. El comunicador sostuvo que existen testigos de lo sucedido y posteriormente formalizó una denuncia penal. Castro admitió que hubo una discusión verbal, aunque negó cualquier agresión física y prometió ponerse a disposición de la Justicia.

La reacción del intendente resulta especialmente grave porque el conflicto habría estado relacionado con publicaciones que involucran a su propio entorno familiar. En lugar de responder políticamente, entregar documentación y despejar las sospechas, Castro terminó protagonizando una escena impropia de un jefe comunal. El mandatario, que debería garantizar el respeto institucional, aparece ahora acusado de enfrentar personalmente a uno de los periodistas que investigó a su administración.

El escándalo de Patagones no surgió de la nada. Castro ya venía complicado por la contratación de baños modulares para la Feria Municipal, adjudicada por 45.312.000 pesos a Módulos Patagónicos S.A.S., una empresa relacionada con su cuñado, Nicolás Bambaci. La sociedad fue constituida el 26 de abril de 2023, apenas diez días después de la elección que convirtió al jefe comunal en intendente electo de Viedma.

La operación despertó cuestionamientos porque el municipio terminó contratando a una firma vinculada directamente con la familia política del intendente. La documentación llegó al Tribunal de Cuentas, generó pedidos de informes y abrió una discusión que Castro intentó clausurar negando irregularidades. Sin embargo, las explicaciones oficiales no consiguieron disipar una pregunta elemental: ¿cómo pudo permitir que una contratación millonaria quedara en manos de la empresa de su cuñado?

La controversia también expuso la incapacidad política de Castro para diferenciar la administración municipal de sus relaciones personales. Aunque los organismos de control deberán determinar si existieron faltas administrativas o legales, la responsabilidad política ya está instalada. Un intendente no puede escudarse únicamente en la formalidad de un expediente cuando los negocios de su gestión benefician a integrantes de su círculo familiar.

Ahora, el mismo cuñado vuelve a aparecer en el origen del episodio denunciado por Barroso. La reiteración convierte los hechos en algo más serio que dos polémicas aisladas: revela una gestión encerrada en su propio entorno, incapaz de tolerar cuestionamientos y cada vez más alejada de la transparencia que debería exigirse en el manejo de los recursos públicos.

El jefe comunal también llega golpeado por otros cuestionamientos administrativos y por una reestructuración de gabinete que busca contener el desgaste de una gestión sin rumbo claro. Los cambios de nombres difícilmente alcancen si Castro no modifica una forma de ejercer el poder marcada por el hermetismo, los vínculos familiares y una reacción hostil frente a quienes investigan sus decisiones.

Con las elecciones municipales de 2027 cada vez más cerca, el proyecto de reelección comenzó a quedar bajo una sombra incómoda. Castro puede negar irregularidades, relativizar la discusión de Patagones y culpar a las redes sociales por la repercusión, pero ya no puede evitar que ambos episodios se conecten en la percepción pública: una contratación millonaria para la empresa de su cuñado y una denuncia penal vinculada con las publicaciones sobre ese negocio.

En política, la acumulación de escándalos termina derribando cualquier relato. Castro todavía deberá dar explicaciones ante la sociedad, los organismos de control y, eventualmente, la Justicia. Pero el daño ya está hecho: el intendente que pretendía construir su continuidad quedó atrapado entre los negocios familiares, la intolerancia frente a la prensa y una gestión que comienza a hacer agua mucho antes de llegar a las urnas.