Jorge Macri entrega el Canal de la Ciudad al dueño de Carajo y Blender por 50 millones de pesos mensuales

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que suele gastar energías en perseguir vendedores ambulantes y enredarse en discusiones con la Nación por los fondos de coparticipación, encontró tiempo para resolver algo urgente: a quién darle el Canal de la Ciudad. La respuesta fue Cale Group Media, del empresario Augusto Marini, cuyo canon mensual de 50 millones de pesos dejó en ridículo a la oferta de Argentinos Media SA, que apenas alcanzaba los 15 millones por mes. La diferencia, además de abismal, tiene la virtud de hacer sonreír a cualquiera que entienda que en las licitaciones públicas el precio no siempre es lo único que importa, aunque en este caso sí fue lo que se mostró en el papel.

Marini no es un recién llegado al mundo de los negocios con el Estado. Es socio de Daniel Parisini, el famoso Gordo Dan, en Carajo, ese espacio de streaming donde los libertarios van a decir lo que no se animan en la mesa familiar. También es dueño de Blender, que por suerte mantiene una línea editorial distinta, quizás para que nadie diga que hay una mano única manejando todo el espectro comunicacional porteño. Pero la historia no termina en las pantallas. Cale Group, el holding de Marini, incluye a Motora Argentina, contratista de Trenes Argentinos que en abril se anotó un contrato de 3,8 millones de dólares para repuestos de locomotoras, después de haber ganado otro en agosto de 2024 por 129.800 dólares y una ampliación posterior. La justificación oficial fue que ofertó mejor precio y que la emergencia ferroviaria, esa que viene desde el choque de trenes de mayo de 2024, exigía rapidez. La rapidez, claro, siempre es un buen argumento cuando hay urgencia, y la urgencia siempre aparece cuando alguien quiere que las cosas salgan rápido.

Lo curioso es que cuatro meses antes de que Motora consiguiera su primer contrato, Cale Group incorporó a Alejandro Javier Hibbert, exempleado de Trenes Argentinos que había trabajado en la gerencia hasta mayo de 2024, atravesando gestiones de Cambiemos y del kirchnerismo. Hibbert no es un nombre menor, porque su llegada a la empresa de Marini marca un antes y un después en el acceso del holding a los contratos ferroviarios. El gobierno porteño, por su parte, aclara que la concesión del Canal es una concesión, o sea que la señal no cambia de dueño, aunque el que la maneje sea el mismo que vende repuestos para trenes. La distinción parece sutil, pero en la práctica el resultado es el mismo: un empresario con vínculos en distintos estamentos del Estado se queda con un activo público, paga un canon que nadie sabe si es alto o bajo porque no hay parámetro para compararlo, y promete relanzar la señal para 2027, justo a tiempo para que los porteños se olviden de que la concesión se firmó en el medio de una gestión que prometía transparencia y eficiencia.

Marini, en su defensa, dijo en mayo que hay una fantasía de que si es dueño de Carajo, es socio del Presidente, o que si se presenta a una licitación de la Ciudad, es amigo de Jorge Macri. Hay que reconocerle que tiene razón en parte: no es necesario ser amigo para que las cosas funcionen, basta con compartir una forma de entender los negocios públicos. El empresario sostiene que sus proyectos exitosos en industrias diversas no responden a un padrino político, sino al trabajo de miles de personas que forman parte de sus empresas. Ningún funcionario porteño va a salir a desmentirlo, porque admitir que los contratos se firman por afinidad sería un escándalo, pero tampoco van a explicar por qué la oferta de Cale Group Media superó por tanto a la competencia, o por qué Motora ganó una licitación urgente justo después de incorporar a un exempleado de la empresa pública.

Jorge Macri, mientras tanto, sigue construyendo su gestión con la paciencia de quien sabe que el tiempo corre a su favor, aunque el reloj también marca las idas y venidas de las empresas que facturan con el Estado. El Canal de la Ciudad, que debería ser un espacio de diversidad y pluralidad, pasa a manos de un empresario que ya tiene un pie en el streaming oficialista y otro en los repuestos ferroviarios, una combinación que no se ve todos los días ni en los mejores manuales de lobby. La transparencia, esa palabra que los políticos usan como si fuera un espejo retrovisor, queda guardada en el cajón de las buenas intenciones.