Jorge Macri fiscaliza con garrote mientras la gastronomía porteña pide oxígeno

Una denuncia contra la gestión de Jorge Macri puso nuevamente el foco sobre los controles que el Gobierno porteño realiza a los comercios gastronómicos. La publicación sostiene que un establecimiento recibió una intimación y quedó bajo la amenaza de una eventual clausura pese a contar, según sus responsables, con los papeles correspondientes.

La acusación fue acompañada por una imagen de un acta de intimación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emitida por un área vinculada a la fiscalización. En el documento se observa además un plazo de cinco días corridos para responder a lo requerido por los inspectores, aunque la fotografía difundida no permite determinar por sí sola cuál es la situación administrativa completa del comercio.

El episodio cae en un momento poco oportuno para una gestión que debería saber que detrás de cada persiana hay alquileres, proveedores, salarios y trabajadores. Mientras desde la administración porteña se habla de acompañar la actividad privada, comerciantes denuncian que la ventanilla estatal puede aparecer con una intimación bajo el brazo y convertir una noche de trabajo en una carrera de obstáculos burocrática.

Ahí aparece la contradicción que incomoda a Jorge Macri. Defender al sector privado queda bárbaro para el discurso institucional, pero resulta bastante menos seductor cuando el comerciante recibe controles que percibe como excesivos aun asegurando tener su documentación en regla. El famoso Estado eficiente corre el riesgo de parecer eficiente únicamente para encontrar formularios, plazos y motivos para volver a inspeccionar.

La gastronomía porteña, además, no funciona en una burbuja. Un bar o restaurante necesita movimiento, consumo y previsibilidad, tres cuestiones difíciles de sostener cuando al desafío económico cotidiano se le agrega incertidumbre administrativa. Gobernar una ciudad tampoco debería convertirse en una competencia para ver quién consigue acumular más actas sobre un mostrador.

La publicación que difundió el caso fue todavía más dura y acusó directamente a Macri de avanzar contra los trabajadores de la Ciudad. La afirmación pertenece a quienes realizaron la denuncia y no surge del acta en sí, pero refleja el malestar que provoca una política de fiscalización cuando quienes la reciben consideran que cumplieron previamente con las exigencias oficiales.

Jorge Macri puede presentar los controles como cumplimiento de las normas, algo que naturalmente corresponde al Estado. El problema aparece cuando la fiscalización empieza a ser percibida por quienes producen y trabajan como una soga más que como una garantía de orden. Si el comercio tiene efectivamente todo en regla, la Ciudad tendrá bastante que explicar sobre qué está controlando, cómo lo hace y para qué.