OSPRERA estalló por dentro y la Justicia ahora va por los poderes de Voytenco

La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) abrió una nueva etapa dentro de una de las mayores crisis institucionales que atravesó la entidad durante los últimos años.

La documentación judicial y administrativa incorporada al expediente permite reconstruir, paso a paso, cuál fue el escenario que recibió el interventor César Augusto Lococo, cuáles fueron las primeras medidas adoptadas, qué diagnóstico económico realizaron los equipos técnicos y por qué volvió a judicializarse la discusión alrededor de los poderes firmados por el entonces presidente del Consejo Directivo, José Antonio Voytenco.

Lejos de limitarse a un simple reemplazo de autoridades, los expedientes muestran un proceso mucho más amplio, atravesado por decisiones judiciales, auditorías internas, informes financieros, reclamos laborales y un relevamiento integral del funcionamiento de la obra social.

La intervención comenzó con un diagnóstico integral

En su primer informe mensual presentado ante la Justicia Federal, Lococo explicó que la prioridad inicial consistió en tomar control de la administración, ordenar los circuitos internos y obtener un diagnóstico completo antes de avanzar con reformas estructurales.

El documento sostiene que la intervención se encontró con un escenario de "gravedad institucional", alta litigiosidad, importantes niveles de endeudamiento y coexistencia de conflictos judiciales y administrativos, razón por la cual se descartó adoptar modificaciones inmediatas sin contar previamente con información consolidada.

El informe también señala que el objetivo inicial fue garantizar la continuidad de las prestaciones médicas mientras se desarrollaban auditorías sobre prácticamente todos los sectores de la obra social.

Entre las áreas sometidas a revisión se incluyeron:

• situación financiera;
• contratos vigentes;
• recursos humanos;
• litigios judiciales;
• estructura administrativa;
• mecanismos internos de control;
• funcionamiento prestacional;
• obligaciones económicas.

Según el propio interventor, la reorganización debía apoyarse en evidencia documental antes que en decisiones apresuradas.

La primera resolución ordenó revisar toda la estructura

Apenas iniciada la intervención, Lococo firmó la Resolución 01/26.

La medida obligó a todas las gerencias nacionales a elaborar informes completos sobre el funcionamiento de cada área.

Cada dependencia debía presentar:

• organigramas actualizados;
• nómina de personal;
• ejecución presupuestaria;
• contratos pendientes;
• procesos judiciales;
• riesgos detectados;
• urgencias operativas;
• propuestas de mejora.

Además, toda la información debía entregarse respaldada con documentación y bajo responsabilidad funcional de cada gerente.

El objetivo consistía en consolidar un diagnóstico general que permitiera planificar las decisiones posteriores.

El estado económico encendió las primeras alarmas

Uno de los documentos más importantes incorporados durante la intervención corresponde al informe financiero de inicio.

Los datos elaborados a partir del sistema SAP muestran que al 28 de febrero de 2026 la obra social registraba:

• Activos: 125.384 millones de pesos.
• Pasivos: 142.456 millones de pesos.
• Patrimonio Neto: 17.072 millones de pesos.
• Ingresos del período: 63.263 millones de pesos.
• Gastos: 51.030 millones de pesos.
• Resultado operativo positivo superior a 12.232 millones de pesos.

Sin embargo, el informe aclara que la generación de utilidades no eliminaba uno de los principales problemas detectados.

El pasivo seguía siendo superior al activo.

Los propios técnicos calcularon un índice de liquidez de apenas 0,88, es decir que la obra social disponía de menos de un peso en activos por cada peso de deuda.

Todavía más delicado resultó el indicador de liquidez inmediata.

El efectivo disponible apenas alcanzaba para cubrir aproximadamente el 12 por ciento de las obligaciones totales, situación que fue calificada como una tensión financiera importante.

Los anexos muestran el tamaño económico de la obra social

La información complementaria elaborada por Finanzas refleja además la magnitud patrimonial de OSPRERA.

El comparativo entre el cierre de 2025 y los primeros meses de 2026 expone activos superiores a los 125 mil millones de pesos y pasivos cercanos a los 142 mil millones, cifras que dimensionan el volumen económico administrado por la entidad.

Los responsables del informe también advirtieron que los números podían modificarse parcialmente debido a los ajustes contables derivados del cierre de auditoría realizado por la firma encargada de revisar los balances.

Recursos Humanos describió un escenario de incertidumbre

Otro de los documentos elevados a la intervención fue el informe elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos.

El panorama interno reflejó un clima de incertidumbre derivado de varios factores simultáneos.

Entre ellos se mencionan:

• más de un año sin aumentos salariales;
• cambios reiterados en la conducción;
• reorganizaciones territoriales;
• falta de definiciones administrativas;
• creciente expectativa del personal.

El informe también advierte sobre la necesidad de establecer reglas claras respecto de contrataciones, desvinculaciones, autorizaciones administrativas y pagos pendientes para evitar nuevos conflictos laborales.

La gerencia informó además que OSPRERA contaba con una dotación de 1.095 empleados en relación de dependencia, además de pasantes y contrataciones bajo locación de servicios distribuidas en prácticamente todas las provincias del país.

La veedora delimitó claramente sus funciones

Paralelamente a la intervención administrativa comenzó a actuar la veedora judicial designada en la causa.

En su informe preliminar aclaró expresamente que su función no consistía en administrar la obra social sino únicamente observar, controlar y reportar al juzgado cualquier eventual irregularidad detectada durante el proceso.

También dejó establecido que todas las decisiones de gestión continuaban siendo competencia exclusiva del interventor designado por la Superintendencia de Servicios de Salud.