Reclamo interno
Un informe advierte que en Marcos Paz el penal federal solicita compensaciones salariales por recargos y expone fuerte faltante de personal
El documento elevado a la conducción del SPF señala jornadas de hasta 12 horas sin pago proporcional, más de un centenar de bajas en 2025 y dificultades habitacionales que impactan en el servicio.
12 de Febrero de 2026
Un informe oficial del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz elevó a la Dirección General del Servicio Penitenciario Federal un pedido de regularización de la asignación suplementaria por recargos de servicio, al advertir que la situación salarial actual no cubre necesidades básicas como vivienda, servicios, alimentos y transporte.
El documento invoca el artículo 99 del Estatuto del Servicio Penitenciario Federal, que establece que ante tareas extraordinarias deben otorgarse descansos compensatorios o asignaciones suplementarias, algo que según el informe no estaría siendo reconocido en la práctica.
Actualmente, agentes en situación de recargo cumplen jornadas de hasta 12 horas sin una compensación económica proporcional.
El panorama se agrava con un marcado déficit de personal. Durante 2025 se concretaron 80 retiros voluntarios, 15 renuncias formales y 39 abandonos de servicio, además de 53 agentes con licencias médicas prolongadas.
A esto se suma la afectación de 34 agentes al sistema S.I.G.P.P.L.A.R. que no fueron repuestos, generando una sobrecarga operativa significativa.
El informe advierte que este desequilibrio esfuerzo recompensa impacta en la moral y la seguridad institucional, y puede derivar en cuadros de burn out, depresión y ansiedad, según datos del Gabinete de Bienestar.
En paralelo, se expone un problema habitacional creciente: la capacidad del Casino de Suboficiales se encuentra colmada, ya que muchos agentes solicitan alojamiento ante la imposibilidad de afrontar alquileres con el salario actual.
La situación, señala el documento, afecta el descanso, la privacidad y el desempeño laboral.
El pedido formal apunta a que la cuestión sea abordada como política pública con intervención de los Ministerios de Seguridad y Economía, con el objetivo de garantizar condiciones salariales y operativas acordes a un establecimiento de máxima seguridad.
