Concesiones eternas, cables olvidados y la gestión de Julio Alak que deja que el problema crezca como las plantas en las redes eléctricas

En La Plata, la postal se repite como si fuera parte del paisaje urbano: cables cubiertos de vegetación, mantenimiento dudoso y una concesión eléctrica que parece funcionar con la lógica del “total siempre fue así”. Mientras tanto, la gestión de Julio Alak observa el cuadro con una parsimonia llamativa, como si el deterioro del servicio fuera un detalle menor y no un problema estructural que afecta a miles de vecinos.

La empresa distribuidora EDELAP arrastra críticas históricas por el estado de su infraestructura, y las imágenes de redes eléctricas “tapizadas” por plantas no hacen más que confirmar lo que muchos usuarios vienen señalando hace años: falta de mantenimiento visible y una supervisión estatal que aparece tarde, mal o directamente nunca. En ese escenario, el municipio debería ser un actor activo, pero la sensación en la calle es otra, más cercana al silencio administrativo que a la presión política.

El rol del organismo de control, OCEBA, tampoco escapa a los cuestionamientos. Cada vez que surgen reclamos por el servicio eléctrico, el ente regulador entra en escena con la misma fama que un árbitro que llega cuando el partido ya terminó. La ausencia de respuestas concretas alimenta la percepción de que el sistema de control existe más en los papeles que en la práctica.

La cuestión de fondo no es solo técnica, sino política. Porque cuando una empresa concesionaria acumula años de cuestionamientos sin cambios estructurales, la responsabilidad deja de ser exclusivamente empresarial y pasa a ser también institucional. Y ahí es donde el intendente queda inevitablemente en el centro del debate: no por los cables en sí, sino por la falta de reacción frente a un servicio que es esencial.

En una ciudad como La Plata, donde cada tormenta revive el fantasma de los cortes de luz, ver redes eléctricas invadidas por vegetación no es una anécdota estética, es una señal de alerta. Sin controles firmes ni exigencias claras, la ecuación es simple: los problemas se naturalizan, las responsabilidades se diluyen y la política termina actuando como espectadora de un servicio que debería estar bajo estricta supervisión.