De Cancillería a CABA: el mismo apellido, los mismos cargos y la vieja lógica del poder reciclado

En la política argentina hay tradiciones que sobreviven a los cambios de gobierno como el adoquín al asfalto: cambian los discursos, se renuevan los slogans, pero los nombres propios siguen orbitando alrededor del Estado como si fuera una mesa familiar ampliada. El caso del contrato por más de 113 millones de pesos que la Cancillería renovó con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger, reactivó ese déjà vu político donde la legalidad administrativa convive con una incomodidad política difícil de disimular.

Formalmente, el expediente pasó por todas las ventanillas: Recursos Humanos, Compras, Jurídicos, ISEN, Oficina Anticorrupción y SIGEN. Hubo Pacto de Integridad, control institucional y defensa pública del canciller Pablo Quirno, que aseguró que no existió ninguna irregularidad. En los papeles, todo prolijo. En la escena política, en cambio, el ruido no viene por el inglés que se enseña sino por el idioma que se habla entre el poder y sus vínculos personales. Porque cuando la directora ejecutiva de la entidad contratada es la esposa de un ministro clave del Gobierno, el debate deja de ser técnico y pasa a ser político, aunque el trámite administrativo esté en regla.

El argumento oficial apunta a la continuidad: la AACI presta servicios desde 2018 y el monto actual sería una actualización inflacionaria de contratos previos. Pero incluso esa explicación, pensada para cerrar la discusión, abre otra: si el proveedor estatal es prácticamente el mismo desde hace años, el problema deja de ser coyuntural y pasa a ser estructural. Es decir, no un hecho aislado sino una lógica sostenida de contratación reiterada con el mismo actor institucional, ahora atravesado además por un vínculo familiar con un funcionario de alto rango.

Y ahí es donde aparece el pasado, ese archivo que la política intenta archivar pero que siempre vuelve. Rouillet ya había tenido recorrido en estructuras estatales vinculadas a gestiones del espacio político que hoy gobierna la Ciudad. Fue designada en el Fondo Nacional de las Artes en 2016, durante el período en que Pablo Avelluto conducía Cultura, y luego recaló en la Ciudad de Buenos Aires bajo la órbita del macrismo porteño, primero como asesora y después como Gerente de Regímenes de Promoción Cultural dentro del Ministerio de Cultura.

Desde ese lugar, estuvo vinculada al programa Mecenazgo y a la ejecución del presupuesto de Impulso Cultural, un esquema que maneja fondos millonarios destinados al financiamiento cultural en la Ciudad. Más tarde, con la continuidad del mismo signo político en la administración porteña, pasó al Teatro Colón como Directora de la Unidad de Control de Gestión hasta su salida en 2021, para luego trasladarse al sector privado y asumir como Directora Ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, cargo que hoy vuelve a estar en el centro de la discusión pública.

El punto político, que incomoda especialmente a la gestión de Jorge Macri por la herencia directa del entramado porteño, no es si cada designación fue formalmente válida, sino la repetición de trayectorias dentro del mismo ecosistema de poder. Una circulación constante entre Estado, cultura oficial, organismos públicos y entidades privadas que luego vuelven a contratar con el propio Estado. Una especie de puerta giratoria con modales administrativos impecables y consecuencias políticas cada vez más difíciles de maquillar.

La defensa oficial habla de procedimientos transparentes y controles activados por tratarse de una persona políticamente expuesta. La crítica, en cambio, pone el foco en la lógica del sistema: el Estado contrata a una institución dirigida por la esposa de un ministro, con antecedentes en estructuras estatales del mismo espacio político que hoy gobierna la Ciudad y mantiene influencia institucional. No es ilegal por definición, pero sí políticamente explosivo en un contexto donde el discurso anticasta convive con apellidos que aparecen, desaparecen y reaparecen en cargos estratégicos.

Mientras tanto, desde la oposición ya calificaron el contrato como un “choreo de acá a Júpiter”, prometiendo denuncias, aunque el Gobierno insiste en que todo fue auditado y ajustado a derecho. La paradoja es que, en tiempos donde la transparencia se comunica en redes sociales casi en tiempo real, el problema ya no es solamente lo que se firma en un expediente, sino la percepción pública de un poder que parece siempre caer en los mismos nombres, los mismos círculos y las mismas conexiones políticas, incluso cuando cambia el cartel en la puerta del despacho.

Porque al final, más allá del idioma que se enseñe en los cursos diplomáticos, lo que se vuelve verdaderamente bilingüe en la política argentina es la relación entre el poder y sus vínculos: un idioma formal hacia afuera y otro, mucho más familiar, hacia adentro. Y esa lógica, heredada de gestiones anteriores y prolongada en la actual administración de Jorge Macri, es la que vuelve a quedar bajo el reflector cada vez que un contrato estatal se cruza con un apellido conocido.