Un “error” fiscal que multiplica 600 por ciento el impuesto y deja a Jorge Macri mirando para otro lado

En la Ciudad que presume gestión prolija, planillas ordenadas y “equipo técnico”, se coló un detalle nada menor: un cambio en el Código Fiscal que, por una omisión legislativa no corregida a tiempo, puede elevar hasta un 666 por ciento el impuesto a concesionarios de autos y motos. Y no por una reforma debatida con claridad, sino por un error que quedó vigente mientras la administración de Jorge Macri observa cómo el problema corre y la factura vence.

La modificación aprobada a fines del año pasado cambió el modo de cálculo de Ingresos Brutos: pasó de aplicarse sobre el margen de ganancia a hacerlo sobre el monto total de la operación, pero sin reducir la alícuota del 10 por ciento. Traducido al castellano de la calle: no es lo mismo tributar sobre lo que ganás que sobre todo lo que facturás. Sin embargo, eso es exactamente lo que quedó escrito en la ley que hoy está vigente en CABA.

El resultado es tan grotesco como previsible. Según la comparación realizada por el tributarista Sebastián Domínguez, en una operación con un vehículo de 57.500.000 pesos y un margen del 15 por ciento, el impuesto pasaría de unos 750.000 pesos a 5.750.000 pesos. Es decir, un salto del 666 por ciento, cifra que no parece salida de una política tributaria seria sino de una confusión legislativa con consecuencias reales.

Desde el propio entorno técnico se admite que el problema no fue de la AGIP sino de la Legislatura porteña, que aprobó el Código Fiscal en medio del cierre de sesiones con modificaciones de último momento. Lo llamativo no es solo el error, sino la falta de corrección inmediata: el Gobierno de Jorge Macri envió un proyecto para enmendarlo, pero recién sería tratado desde el 1° de marzo, mientras los contribuyentes deben liquidar enero y febrero bajo una norma defectuosa que sigue vigente.

La escena es casi una postal del manual político argentino: el Estado se equivoca, el privado paga primero y después, con suerte, se compensa. Porque aunque se promete que la corrección tendrá carácter retroactivo al 1° de enero de 2026, eso no evita el golpe de caja inmediato. Para muchos concesionarios, pagar el 10 por ciento sobre el total facturado implicaría licuar la rentabilidad o directamente operar a pérdida, en el mes de mayor volumen de ventas del año.

La paradoja es aún más filosa si se mira el contexto. Mientras a nivel nacional se discute la reducción de impuestos “distorsivos” sobre el sector automotor, la Ciudad caminó en sentido inverso por un error técnico que terminó generando una carga tributaria potencialmente más pesada que la cuestionada en otras jurisdicciones. Una contradicción que desnuda la distancia entre el discurso de eficiencia y la práctica administrativa.

Sin posición oficial clara y con la ley vigente tal como está redactada, los contribuyentes quedaron atrapados entre dos opciones igual de incómodas: pagar un impuesto inflado para cumplir formalmente o liquidar como en 2025, confiando en que la corrección legislativa llegará a tiempo y sin sanciones. En paralelo, se desliza que no habría inspecciones en estos casos, lo que completa un cuadro de improvisación normativa difícil de compatibilizar con la imagen de gestión ordenada que el oficialismo porteño suele vender.

En definitiva, el episodio expone algo más profundo que un simple “error técnico”: muestra una administración que detectó el problema en diciembre, acordó la solución, pero dejó correr los vencimientos sin resolverlo. En política fiscal, ese tipo de desprolijidad no es un detalle administrativo, es un costo real que pagan los contribuyentes mientras el poder promete corregir después lo que debió corregir antes.