Denuncias de violencia y presunto encubrimiento sacuden al poder político de Mercedes

En la ciudad bonaerense de Mercedes, un reciente hecho delictivo revela un sistema de protección mutua entre un funcionario del Banco Provincia y La Cámpora. Todo comenzó entre el 20 y el 21 de marzo de 2024, una noche que debería haber terminado en una denuncia policial, pero que quedó sepultada bajo promesas de silencio en el hospital Blas L. Dubarry.

Según denuncias de vecinos, el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro, el intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, y el entonces funcionario del Banco Provincia, Francisco Dematei, se encontraban bajo los efectos de estupefacientes cuando intentaron abusar de una mujer en la ciudad. La víctima, lejos de quedar sumisa, respondió con una mordida que le arrancó parte de la nariz a Dematei.

Lo que siguió no fue una denuncia, sino un pacto de omisión. Los tres hombres se presentaron en el hospital con los restos de la nariz separada del rostro de Dematei y solicitaron explícitamente que no se realizara ninguna diligencia ni presentación policial. La versión que brindaron, que un perro había provocado la lesión, fue aceptada sin mayores cuestionamientos y el hecho nunca llegó a la policía.

Este episodio no es un caso aislado en la historia reciente de Mercedes. En marzo de este año, Dematei volvió a aparecer en una denuncia policial, esta vez acompañado por su hijo menor de edad. Un vecino de la ciudad había reclamado vía WhatsApp la reparación de los daños que el menor le había causado a su vehículo, la rotura de un vidrio con un ladrillo, tras identificarlo mediante imágenes del centro de monitoreo municipal.

En respuesta, padre e hijo se presentaron en el domicilio del damnificado con actitud agresiva. Según la denuncia, Dematei gritó insultos, incitó a pelear y amenazó al vecino.

El historial de Dematei ya mostraba señales de alerta. Un fallo del 8 de octubre de 2025 había ordenado su desvinculación del Banco Provincia de Mercedes, aunque los motivos de esa decisión no trascendieron públicamente en ese momento.

Pero el eje central de esta historia no es solo la violencia de un exfuncionario. Es el patrón de encubrimiento que, según denuncias recurrentes, atraviesa la gestión de Ustarroz en Mercedes. Fuentes consultadas señalan que el intendente ya habría intervenido para borrar evidencias de otros delitos: en al menos dos ocasiones, tras chocar su vehículo bajo los efectos de cocaína, las imágenes de las cámaras de seguridad fueron eliminadas a su solicitud.

En otro caso, según testimonios de víctimas, Dematei habría sido detenido por fuerzas policiales mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes, tras discutir con un amigo. Ante la altanería de Dematei, este hombre le habría golpeado la frente con una parrilla, dejándole una lesión que necesitó puntos de sutura, hecho que los militantes de La Cámpora también habrían intentado ocultar.

Otra denuncia, radicada en la UFI N.º 5, acusa a Dematei y a su pareja, Rocío Daiana Sequeira, de usurpar, en mayo de 2020, una vivienda del barrio San José, ubicada en la calle 52 entre 15 y 17. Cerca de las 21 horas del 4 de mayo, la propietaria encontró la puerta violentada y a varias personas en el interior.

Al ingresar, Sequeira la recibió con insultos, amenazas y empujones. Minutos después llegó la policía. Mientras los intrusos cargaban muebles, los efectivos exigieron los papeles a la dueña. Según la denuncia, los agentes se mostraron solidarios con Francisco Dematei.

La complicidad era tan evidente que los oficiales le pidieron el permiso de circulación por cuarentena, alegando que no podía estar fuera de su casa. Utilizaron la normativa sanitaria para amedrentarla, mientras Dematei bloqueaba la entrada de la vivienda junto a sus cómplices.

La complicidad de Wado de Pedro en los episodios también eleva la gravedad de los hechos. Su participación para encubrir las denuncias y, sobre todo, una acusación tan grave como un intento de violación, aunque solo en calidad de acompañante, convierte una situación de violencia de género en un problema de responsabilidad política.

Que un hospital acepte alterar un parte médico, que la policía no intervenga y que las cámaras borren registros: todo ello sugiere un sistema donde la ley se negocia en función del apellido.

Las víctimas, en este escenario, enfrentan una disyuntiva terrible: denunciar y exponerse a la venganza de un poder que ya demostró operar al margen de la Justicia, o guardar silencio mientras la impunidad se normaliza. Hasta ahora, el hermetismo ha ganado.

Pero cada nueva denuncia que emerge, cada vidrio roto, cada nariz arrancada y cada cámara borrada dejan menos margen para seguir mirando hacia otro lado.