Desalojos con show de gases y cámaras: el nuevo "plan de vivienda" del Jorge Macri en CABA

La Ciudad de Buenos Aires, ese bastión de la civilización que tanto gusta de mirar al resto del país por encima del hombro, ostenta hoy un récord que ni el más pintoresco de los juegos de trivia animaría a mencionar: un desalojo ilegal cada 30 horas. Así como se lee. Mientras en el norte los vecinos piden un poco de asfalto, en el sur de la Capital los vecinos piden no ser arrancados de sus hogares como si fueran maleza.

Pero para Jorge Macri, el primo que se quiere comer la película solo, eso no es un problema habitacional: es un eje de campaña, un clip para TikTok y, de paso, un mensaje claro a los pobres de que el único plan de vivienda que ofrece su gestión es una caja de cartón y un paseo en camión municipal.

La ingeniera María Eva Koutsovitis, con más criterio que todo el equipo de asesores de la Rosada chica, lo grafica desde el polvo de un desalojo en San Telmo: el método Macri es tan sutil como un martillo hidráulico. Le ponen una etiqueta de “riesgo de derrumbe” a cualquier pared que se atreva a tener humedad y, sin pasar por el Juzgado, la Guardia de Auxilio hace su agosto.

El acta de peligro edilicio se firma con la misma seriedad con la que el gobierno porteño firma cheques para publicidad, y la Policía de la Ciudad, siempre tan dispuesta, entra con escudos y gases lacrimógenos antes de que los trabajadores sociales terminen de abrocharse los zapatos. El resultado: 626 desalojos en apenas unos meses, un incremento del 52 por ciento que haría palidecer a cualquier carnicero de la avenida La Plata.

Lo que hace Jorge Macri no es una política de Estado, es una estafa constitucional con esteroides. Porque la Constitución de la Ciudad, ese papel que tanto veneran cuando les conviene para hablar de autonomía, dice clarito en su artículo 31 que el derecho a la vivienda es sagrado y que el Estado debe resolver el déficit habitacional dando prioridad a los sectores de pobreza crítica.

Pero el primo del exmandatario leyó ese artículo y lo tradujo a su propio idioma: "déficit habitacional" significa "gente que sobra", y "prioridad" significa "prioridad en la lista de desalojos". Para él, el texto constitucional parece ser más una sugerencia que una obligación, como cuando alguien lee "prohibido estacionar" y piensa que es una invitación a doblar la esquina.

La legisladora Victoria Freire, que tiene la osadía de ponerle números y apellidos a la fiesta, señala que el 50 por ciento de los desalojos de este año ya son bajo el arbitrio del "riesgo de derrumbe", un concepto mágico que parece activarse solamente en los edificios donde viven familias humildes y no en los palacios de Puerto Madero. Mientras tanto, el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad está por el piso, en su nivel más bajo en catorce años, con un recorte real del 15 por ciento en un contexto donde el presupuesto total de la ciudad aumenta.

Es decir, hay plata para las motos, los carteles y las estatuas de los próceres de la familia, pero para que una familia tenga un techo digno, no hay un peso partido al medio. Es una decisión política, no una casualidad económica. Es la elección de ser el sheriff de los barrios pobres antes que el intendente de todos los porteños.

La moraleja de esta historia, sin embargo, tiene un final que los asesores del macrismo no lograron escribir. Horas antes de que esta nota viera la luz, la Justicia porteña, esa que a veces parece dormir la siesta, despertó y dictó una medida cautelar que ordena el cese inmediato de estos desalojos administrativos. Ahora, si Macri quiere sacar a una familia de su casa, va a tener que pasar por el juzgado, presentar pruebas y garantizar que a esos vecinos no los dejen en la intemperie. El mensaje del tribunal es claro: la foto del desalojo ya no se vende más como postal de gestión, ahora es material de prueba para un expediente.