La abogada que cuida la transparencia ajena mientras teje la justicia a medida de Alak

El nombre de Ana Laura Ramos no figura en los carteles de ninguna obra pública ni en los discursos grandilocuentes del intendente Julio Alak, pero su firma pesa más que la de muchos funcionarios con despacho alfombrado. Como representante del Ejecutivo provincial en el Consejo de la Magistratura bonaerense, esta abogada de sonrisa medida y discurso técnico se ha convertido en la dueña del silencio que decide qué abogados llegan a los juzgados y cuáles se quedan con el título colgado en la pared. Su verdadero poder no se mide en apariciones televisivas, sino en la capacidad de filtrar candidatos a magistrados mientras, al mismo tiempo, milita en el Partido Justicialista y forma a los futuros profesionales del derecho desde el Colegio de Abogados de La Plata.

El cargo formal que ostenta Ramos como subsecretaria de Transparencia Institucional la obliga, en teoría, a velar por la ética pública y diseñar políticas anticorrupción para toda la provincia. Sin embargo, la realidad muestra que su principal influencia se ejerce desde el Consejo de la Magistratura, ese organismo clave donde se seleccionan y evalúan las ternas para cubrir los cientos de juzgados que permanecen vacantes en el territorio bonaerense. Allí, con el aval del gobernador y la complicidad del intendente platense, Ramos no solo participa de las decisiones técnicas, sino que negocia en los pasillos los nombres que ocuparán los estrados judiciales, mezclando criterios de idoneidad con lealtades políticas.

Esta concentración de funciones en una sola persona no es casualidad, sino una estrategia calculada para mantener el control de un circuito que va desde la formación académica hasta la designación judicial. Desde la Dirección Académica del Colegio de la Abogacía de La Plata, Ramos supervisa la capacitación de los matriculados, lo que le permite conocer de cerca a los postulantes, evaluar sus inclinaciones políticas y, por supuesto, generar redes de lealtad que luego se traducen en favores. No hace falta ser un genio de la política para entender que quien forma a los abogados y luego decide quiénes llegan a jueces termina siendo el verdadero patrón del sistema judicial local.

El intendente Alak, que necesita jueces afines en una ciudad donde las causas contra su gestión se acumulan como facturas impagas, encuentra en Ramos el engranaje perfecto para sus aspiraciones judiciales. La funcionaria combina su rol técnico con una activa participación en la conducción local del Partido Justicialista, lo que la convierte en el eslabón que une las decisiones de la gobernación, los intereses del peronismo platense y la corporación judicial. Este triángulo perfecto le permite operar sin necesidad de aparecer en los medios, porque en la política argentina el verdadero poder siempre prefiere las sombras a los flashes.

Lo más grotesco del asunto es que la misma persona encargada de diseñar políticas de transparencia es la que construye un entramado de influencia que desafía cualquier estándar ético mínimo. Ramos predica contra la corrupción desde su escritorio y, al mismo tiempo, teje una red de favores y designaciones que haría palidecer a cualquier caudillo de provincia. La contradicción no parece importarle a nadie, porque en el peronismo bonaerense la coherencia es un lujo que pocos pueden permitirse y la hipocresía, en cambio, es moneda corriente.

La operadora de Alak ha entendido que en la política criolla no hace falta ocupar la primera plana de los diarios para ejercer el poder, basta con tener la llave de los expedientes y la capacidad de recordar quién debe favores. Su influencia se extiende desde las aulas del Colegio de Abogados hasta los despachos del Consejo de la Magistratura, pasando por las reuniones partidarias donde se tejen alianzas y se reparten posiciones. Mientras la ciudadanía platense mira las obras públicas y los actos de gobierno, Ramos mueve los hilos del poder judicial con la discreción de una jugadora de ajedrez que nunca muestra su estrategia.

El sistema diseñado por el kirchnerismo para controlar la Justicia encuentra en Ana Laura Ramos una pieza ejemplar, porque combina la apariencia técnica con la operación política y la formación académica con la militancia partidaria. Alak, que necesita asegurarse jueces dóciles para blindar su gestión, ha encontrado en ella no solo una aliada, sino una verdadera socia en el negocio de la administración judicial. El problema, por supuesto, es que mientras esta abogada multitarea decide quiénes llegan a los juzgados, la transparencia que debería garantizar queda reducida a un título vacío y la confianza de los ciudadanos en la Justicia se desvanece como el humo de un asado peronista.