Expediente abierto
Investigación por matrículas inhabilitadas sacude a una clínica privada de Pilar
La presentación solicita verificar si dos profesionales continuaban ejerciendo pese a registrar baja administrativa desde agosto de 2023.
6 de Marzo de 2026
Una denuncia formal presentada ante el Colegio Público de Médicos del Distrito V puso bajo la lupa la situación de dos profesionales que actualmente se desempeñarían en la Clínica Fátima de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
? Denuncian ante el Colegio de Médicos a dos profesionales que trabajarían con matrícula inhabilitada en una clínica de Pilar. Ambos médicos tendrían baja administrativa desde agosto de 2023. El reclamo se da en el marco del caso de una joven de 19 años fallecida en ese centro. pic.twitter.com/qf3wYfyujd
— grupo periodismo (@grup_periodismo) March 6, 2026
La presentación fue realizada el 5 de marzo de 2026 por Roxana D’Angelo, quien solicitó que se investigue la situación administrativa de los médicos Eduardo Segundo Lafourcade y Leoncio Gaspar Ridolfi, señalando que ambos no habrían cumplido con el proceso de rematriculación obligatoria establecido por la normativa sanitaria vigente en su momento.
Según la denuncia, la obligación surgía de las Resoluciones Ministeriales 404/08 y 548/16, posteriormente derogadas por la Resolución 3320/24. En ese marco, se indica que los profesionales que no realizaron el trámite correspondiente registran baja administrativa de matrícula desde el 1 de agosto de 2023, situación que implicaría la inhabilitación para ejercer legalmente la medicina en la jurisdicción.
La denunciante sostiene que, de confirmarse que ambos médicos continúan prestando servicios en la clínica pese a esa situación registral, podría configurarse ejercicio irregular de la profesión y una eventual vulneración de la normativa sanitaria vigente.
En el escrito también se menciona que el caso reviste particular gravedad para la familia de la denunciante, en relación con la atención médica vinculada a Katerina Ayelén Azor, donde, según expresa, se requiere “absoluta legalidad, idoneidad y transparencia” en cualquier intervención médica.
A partir de la presentación, se solicitó al Colegio de Médicos que verifique con urgencia la situación administrativa de los profesionales, determine si se encuentran habilitados para ejercer, confirme si la institución realizó los controles correspondientes y, en caso de corresponder, inicie el sumario disciplinario pertinente.
La denuncia fue acompañada por documentación presentada como anexo ante la autoridad sanitaria.
