Le pone precio al micrófono público
¡Jorge Macri remata el alma porteña! Licitan el Canal de la Ciudad y radios AM/FM a privados por 5 años y 645 millones de pesos
El jefe de Gobierno porteño decidió entregar la gestión del Canal de la Ciudad y de las radios AM 1110 y FM 92.7 a empresas privadas por cinco años, en una jugada que revive la vieja doctrina de privatizar funciones estatales mientras el gobierno se reserva el control político del contenido.
12 de Marzo de 2026
En la Ciudad de Buenos Aires, donde el discurso oficial suele hablar de “modernización” y “eficiencia”, el jefe de Gobierno Jorge Macri acaba de firmar una decisión que suena a clásico revival de los años noventa: licitar la gestión del Canal de la Ciudad, AM 1110 Radio de la Ciudad y FM 92.7 La 2 por 4 para que empresas privadas administren, operen y exploten comercialmente esos medios públicos.
Jorge Macri esta vendiendo la radio am , fm junto con el canal de la ciudad ... pic.twitter.com/NIWjeDoZEU
— NESTOR FABIAN RICO (@Elkatarorico) March 13, 2026
La medida, anunciada por el propio mandatario en su cuenta de X, implica que por primera vez en la historia del distrito porteño los medios públicos quedarán en manos de concesionarios privados, que se encargarán de la operación técnica, comercial y administrativa durante un plazo de cinco años. El Estado se corre de la gestión, pero se guarda la lapicera para decidir qué se dice y cuándo.
El esquema no es casual. La decisión se enmarca en el acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza, que viene impulsando la reducción del Estado local y la transferencia de funciones al sector privado. Una fórmula que el macrismo ya aplicó en múltiples áreas de la administración porteña y que, según distintas estimaciones, ya dejó cerca del 80 por ciento de las tareas estatales en manos de empresas concesionadas tras casi dos décadas de gestión del mismo espacio político en la Ciudad.
El argumento oficial repite un libreto conocido: “gestión profesional, moderna y eficiente”. La frase aparece en la explicación difundida por el Gobierno porteño para justificar la licitación. La referencia inevitable es aquella sentencia del exministro menemista Roberto Dromi, que en 1989 proclamó que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Un mantra que, más de treinta años después, parece haber encontrado nuevos discípulos en el despacho de Uspallata.
Según el pliego, las empresas adjudicatarias deberán operar las señales las 24 horas, los siete días de la semana, aportar infraestructura propia, equipamiento técnico y personal para el funcionamiento de los medios. Además, tendrán la responsabilidad de gestionar la programación, la publicidad y los aspectos comerciales del servicio.
Claro que el Gobierno porteño no piensa desaparecer del dial ni de la pantalla. El esquema contempla que la administración de Jorge Macri se reserve hasta el 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público. La gestión privada corre con los costos, pero el poder político mantiene su espacio para difundir el relato oficial.
El paquete incluye también requisitos culturales y tecnológicos. La FM 92.7 La 2×4 deberá conservar su perfil centrado en el tango y la música popular argentina, con al menos el 70 por ciento de su programación musical de origen nacional, en cumplimiento de la Ley 228. También se exigirá la incorporación de herramientas digitales, como plataformas de streaming, aplicaciones móviles y sistemas de accesibilidad mediante subtitulado automático.
En números, la concesión tampoco es menor. El monto base estimado para el Canal de la Ciudad asciende a 645.225.000 de pesos para los cinco años de contrato, mientras que las radios AM y FM suman 73.740.000 de pesos en ese mismo período. Cifras que muestran que, aun cuando el discurso hable de “eficiencia”, los medios públicos siguen siendo un negocio considerable cuando pasan al menú de la licitación privada.
La supervisión del contrato quedará en manos de la Dirección General de Concesiones y Permisos, mientras que la Secretaría de Medios controlará el cumplimiento técnico y operativo del servicio. En teoría, todo bajo control del Estado. En la práctica, una estructura estatal vigilando cómo empresas privadas administran lo que hasta ayer era patrimonio público.
Así, en nombre de la eficiencia y la modernización, la Ciudad inaugura una nueva etapa en su relación con los medios públicos: menos gestión estatal directa, más concesiones y un delicado equilibrio entre negocio privado y discurso oficial. Un modelo que, dependiendo del cristal con que se mire, puede leerse como modernización administrativa… o como otro capítulo del manual macrista de tercerizar lo público mientras el poder político conserva el micrófono.
