Micros ilegales entran, paran y se van en Once mientras Jorge Macri mira para otro lado

En pleno Once, uno de los sectores más calientes y sensibles de la Ciudad de Buenos Aires comandada por Jorge Macri, vecinos advierten desde hace tiempo un movimiento que parece funcionar bajo una lógica inquietantemente simple: los micros llegan, estacionan y se retiran sin ningún tipo de control visible. El punto señalado, en la zona de La Rioja y Alsina, no es precisamente un lugar cualquiera, sino un área históricamente vinculada a la comercialización ilegal y a circuitos donde el narcotráfico encuentra terreno fértil cuando el Estado decide correrse de escena.

Lo llamativo no es solo la presencia de micros ilegales que ingresarían desde Bolivia, sino la ausencia total de controles básicos. No hay cámaras de seguridad que registren los arribos, no hay policías de parada, no hay revisiones de equipaje ni identificación sistemática de pasajeros. Un vacío operativo en un lugar estratégico que, en cualquier manual mínimo de seguridad urbana, sería considerado una alarma roja. Sin embargo, la gestión porteña parece aplicar la vieja lógica del “si no se controla, no existe”.

Mientras el Gobierno de la Ciudad insiste en discursos de orden, tecnología y prevención, la postal cotidiana en Once muestra otra cosa: vehículos sin fiscalización, movimiento constante y una zona liberada de facto en términos de control. En términos políticos, la contradicción es casi quirúrgica. Se invierte en narrativa de seguridad, pero se descuidan puntos críticos donde el control estatal debería ser automático, no optativo.

Los vecinos, lejos del marketing institucional, describen una rutina que se repite a diario. Micros que llegan y salen sin inspecciones, sin explicaciones oficiales y sin presencia preventiva. En un contexto donde el avance del narcotráfico es un problema real y creciente en el área metropolitana, la falta de controles en accesos logísticos resulta, como mínimo, una negligencia estructural. Y como máximo, una señal de abandono operativo difícil de justificar.

La pregunta que queda flotando no es menor: ¿cómo es posible que en una zona hipersensible funcionen ingresos irregulares sin supervisión estatal sostenida? Porque cuando el control desaparece en puntos clave de circulación, el problema deja de ser un episodio aislado y empieza a parecer una política por omisión. Y en seguridad, la omisión también gobierna.