¿Puede la inteligencia artificial ser una persona jurídica? El debate que tensiona al derecho

El avance acelerado de la inteligencia artificial abrió un nuevo debate en el ámbito jurídico: la posibilidad de reconocerle personalidad jurídica, al igual que a las sociedades comerciales. La discusión, impulsada por académicos del derecho societario, parte de una comparación concreta. Las empresas son personas jurídicas ficticias, carecen de voluntad humana propia y, aun así, el ordenamiento legal les permite contratar, adquirir derechos y asumir obligaciones.

Sin embargo, el planteo encuentra fuertes objeciones cuando se analiza la función real de la personalidad jurídica dentro del sistema legal. Tal como expone Claudia Guardia, las sociedades no son abstracciones aisladas, sino estructuras creadas para organizar y canalizar voluntades humanas, con órganos definidos de gobierno, administración y control, y con reglas claras sobre representación y responsabilidad.

En ese esquema, la persona jurídica no reemplaza al ser humano, sino que ordena su acción y permite identificar responsabilidades. Incluso en los regímenes de responsabilidad limitada, el derecho conserva la posibilidad de reconstruir la voluntad humana detrás de cada decisión.

La inteligencia artificial, en cambio, no es una organización de voluntades ni una institución, sino una arquitectura técnica basada en modelos estadísticos, redes neuronales y procesos de aprendizaje automático. Si bien puede generar resultados complejos, adaptarse a contextos y modificar su comportamiento, lo hace mediante dinámicas técnicas que no responden a una estructura normativa interna estable.

Uno de los principales problemas es que la IA no permanece idéntica en el tiempo. Se reentrena, se ajusta, se integra en nuevos entornos y adquiere capacidades no previstas en su diseño inicial. Esta condición la convierte en una estructura abierta y mutable, difícil de encuadrar en figuras jurídicas pensadas para organizaciones estables.

A esto se suma el desafío de la alineación con intereses humanos. Mientras las sociedades existen para canalizar objetivos humanos, la inteligencia artificial puede optimizar fines definidos algorítmicamente y producir resultados que no siempre coinciden con esas intenciones. La alineación, en este caso, no es una condición garantizada, sino un problema técnico y ético permanente.

En ese contexto, la idea de otorgar personalidad jurídica a la IA aparece como una respuesta tranquilizadora frente a lo desconocido, más que como una solución conceptual sólida. Según el análisis, el verdadero desafío no pasa por forzar nuevas ficciones legales, sino por desarrollar categorías jurídicas más flexibles, capaces de acompañar una tecnología que evoluciona y se redefine de manera constante.