Retiros “voluntarios”, bisturí selectivo y un Estado más chico al gusto de Jorge Macri

En la Ciudad más rica del país, donde el discurso de la eficiencia suele maquillarse de modernización, Jorge Macri firmó el decreto 83 para habilitar un Régimen de Retiro Voluntario dirigido a empleados de planta permanente de la administración pública porteña. En la superficie, la narrativa es prolija: “ordenar el funcionamiento del Estado”, “optimizar la dotación” y reconvertir perfiles hacia áreas tecnológicas. En la práctica, la receta suena más a ajuste administrativo con estética tecnocrática que a una verdadera transformación estructural. 

El plan regirá entre marzo y el 31 de mayo y apunta a trabajadores mayores de 45 años, con al menos cinco años de antigüedad y un año en planta permanente. Es decir, justamente aquellos empleados con experiencia acumulada, que ahora pasan a ser considerados prescindibles en nombre de un Estado “ágil”. La compensación, además, no es remunerativa y se pagará en cuotas mensuales consecutivas por hasta 48 meses, excluyendo aguinaldo y conceptos no mensuales. Traducido al lenguaje de la calle: salida en cuotas largas y con cálculo a medida del Tesoro, no del trabajador.

Mientras desde Uspallata hablan de bisturí y niegan cualquier motosierra al estilo libertario, los números cuentan otra historia: más de 10 mil contratos de asesores y cargos políticos suprimidos, áreas, direcciones y secretarías eliminadas, y una reducción sostenida de la dotación estatal desde 2024. La diferencia semántica entre bisturí y motosierra parece más un juego discursivo que una diferencia real en el resultado: menos Estado, menos personal y más presión por “reconversión” laboral en un contexto donde no todos los empleados pueden migrar mágicamente al mundo tech por decreto.

El propio diseño del régimen deja en claro quién tiene la última palabra: el Gobierno puede rechazar solicitudes por “razones de servicio”, causales disciplinarias o cualquier criterio que considere conveniente. Es decir, el retiro es voluntario… siempre que al Ejecutivo le convenga que lo sea. Además, quienes se adhieran no podrán volver a trabajar en la administración porteña durante cinco años, una cláusula que funciona como cerrojo institucional y reduce la movilidad laboral dentro del propio Estado.

A eso se suma una paradoja política difícil de ignorar: el plan se profundiza en paralelo al crecimiento de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, donde los libertarios ya se consolidan como segunda minoría y presionan por más recortes, privatizaciones y supresión de áreas. En ese tablero, la reforma del Estado de Jorge Macri aparece menos como una convicción original y más como una adaptación pragmática al clima político dominante. Un ajuste con timing electoral y narrativa de eficiencia.

El oficialismo insiste en que se trata de automatización de procesos, profesionalización del empleo público y revisión de programas “poco eficientes”. Pero detrás del lenguaje gerencial se esconde una lógica clásica de gestión política: mostrar orden fiscal, reducir estructuras y enviar señales al electorado que reclama austeridad, aun cuando eso implique tensionar el funcionamiento interno del Estado porteño.

La promesa de migrar al empleado público hacia perfiles tecnológicos suena moderna, pero también esquiva una discusión central: qué sucede con los trabajadores que no encajan en ese nuevo molde y quedan atrapados entre la reconversión forzada y la salida “voluntaria” en cuotas. En definitiva, una reforma presentada como actualización del Estado que, vista de cerca, combina ajuste administrativo, cálculo político y una narrativa de eficiencia que se vende mejor que sus consecuencias reales.