¡Escándalo en Catamarca! El apellido Jalil salpica la polémica por bullying, videos íntimos y sospechas de impunidad

El caso de una adolescente que sufrió presuntas agresiones sistemáticas, hostigamiento escolar y la difusión no consentida de material íntimo sacude a Catamarca. Mientras avanzan 2 investigaciones judiciales y el Gobierno provincial abrió un sumario contra el Colegio Pía Didoménico, en las redes sociales surgieron acusaciones sobre presuntos vínculos familiares y políticos de algunos de los jóvenes señalados.

La pregunta que incomoda al poder es si todos reciben el mismo trato cuando las denuncias salpican a personas de familias influyentes. El escándalo tomó dimensión pública después de que se viralizara un video en el que una estudiante relató burlas y agresiones contra su compañera durante el viaje de egresados a Bariloche (Río Negro).

En su testimonio, describió situaciones de humillación vinculadas, incluso, con la difusión previa de imágenes íntimas de la víctima. La repercusión provocó indignación y volvió a poner en discusión la responsabilidad de las instituciones educativas frente al acoso entre adolescentes.

Pero las publicaciones que circulan en redes sociales plantean que el episodio podría tener antecedentes anteriores al video viral. Entre las acusaciones difundidas aparece la presunta participación de 3 jóvenes en el acceso no autorizado al celular de la víctima y en la posterior circulación de material privado.

Según la información periodística publicada hasta el momento, tres adolescentes fueron imputados en la causa vinculada con la presunta producción y distribución de imágenes íntimas. La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer qué ocurrió en cada etapa de los hechos.

En ese contexto, las redes también pusieron el foco en Benicio Jalil, señalado en publicaciones como integrante de la familia vinculada al gobernador Raúl Jalil. Usuarios sostienen que los vínculos políticos y económicos de determinadas familias podrían haber influido en el tratamiento del caso.

El propio entorno familiar de los jóvenes quedó bajo cuestionamiento en publicaciones que reproducen supuestos audios atribuidos a un hermano de uno de los señalados. En esos fragmentos, el interlocutor rechaza que su hermano haya difundido el material y responsabiliza a otras personas, al tiempo que cuestiona las motivaciones de la familia de la víctima. La controversia expone la necesidad de esclarecer quién accedió al contenido privado, quién lo compartió y quiénes participaron de las posteriores agresiones.

La situación también compromete al Colegio Pía Didoménico. La institución afirmó que actuó con responsabilidad y celeridad desde que tomó conocimiento de los hechos. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca inició un sumario administrativo para revisar la actuación del establecimiento, requirió documentación y solicitó un plan de protección y continuidad pedagógica para los estudiantes involucrados.

La intervención oficial abre un interrogante central: qué medidas se adoptaron cuando comenzaron los episodios denunciados y si fueron suficientes para proteger a la adolescente.

Raúl Jalil, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo provincial, queda expuesto a una exigencia pública de transparencia: que los organismos competentes actúen sin privilegios, que no existan presiones sobre las investigaciones y que las instituciones rindan cuentas por sus decisiones.