La gestión de Jorge Macri queda bajo la lupa por la indagatoria a su jefe de Gabinete por presunta defraudación

La Justicia federal citó a declaración indagatoria para el 3 de marzo a Gabriel Sánchez Zinny, actual jefe de Gabinete de Jorge Macri, por una causa que investiga presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles durante su paso por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Un dato que incomoda en la Ciudad, donde el discurso de “gestión eficiente” suele presentarse como marca registrada, pero ahora choca de frente con un expediente judicial pesado y con antecedentes políticos que no pasan desapercibidos.

Sánchez Zinny no es un funcionario menor ni un cuadro técnico perdido en la burocracia: es el principal colaborador político del jefe de Gobierno porteño. Su nombre ya había quedado ligado a la tragedia de la Escuela número 49 de Moreno en 2018, cuando murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez tras la explosión por una fuga de gas, en el período en que él conducía el área educativa bonaerense bajo la gestión de María Eugenia Vidal. Ahora, el foco judicial vuelve a posarse sobre su recorrido en la estructura del Estado, esta vez por su etapa al frente del INET entre diciembre de 2015 y abril de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

La investigación sostiene que se habrían emitido certificados de crédito fiscal a favor de Toyota Argentina en el marco de la Ley 22.317, pero con desvíos en la finalidad educativa prevista por la norma. Según la fiscalía, los fondos habrían terminado financiando servicios de consultoría y publicidad privada que no encajaban con los objetivos pedagógicos del régimen. En términos más llanos: dinero con etiqueta educativa que habría tomado un camino bastante más flexible que el que indica el manual administrativo.

El expediente detalla tres maniobras acreditadas, con contrataciones direccionadas a firmas como Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL, donde se detectaron irregularidades, inconsistencias en fechas, baja calidad de servicios y escaso respaldo documental. Como frutilla del postre burocrático, también se menciona el uso de “expedientes especiales” que no habrían sido registrados en los sistemas informáticos habituales del organismo, un mecanismo que, en la lógica estatal, suele levantar más cejas que aplausos.

El presunto perjuicio al Estado fue calculado en 2.854.405 pesos, cifra que actualizada con la tasa activa del Banco Nación asciende a más de 16,5 millones de pesos. En paralelo, el total presupuestado originalmente en certificados de crédito fiscal para Toyota alcanzaba los 7 millones, equivalentes hoy a más de 40,5 millones de pesos. Números que, aunque no parezcan gigantes en la escala macro, sí resultan políticamente explosivos cuando tocan el corazón del relato de transparencia administrativa.

La jueza María Eugenia Capuchetti avanzó con la citación a partir del requerimiento de la Fiscalía Federal número 12, a cargo de María Alejandra Mangano, y con documentación aportada por la Oficina Anticorrupción y expedientes administrativos del propio INET. Junto a Sánchez Zinny también deberán declarar otros exfuncionarios vinculados al organismo educativo entre 2016 y 2017.

El impacto político es inevitable: no se trata de un funcionario periférico, sino del hombre que articula la gestión diaria de Jorge Macri en la Ciudad. En la práctica, la indagatoria instala una pregunta incómoda en el tablero porteño: cuánto desgaste puede generar en la narrativa de gestión ordenada tener al jefe de Gabinete sentado frente a la Justicia por presuntas maniobras con fondos públicos.