Motosierra fiscal
Milei ajustó hasta Seguridad: el gasto presupuestario cayó casi 30 por ciento frente a 2023
El cierre de la ejecución 2025 expuso un recorte histórico del Estado, con fuertes caídas reales en salud, educación, seguridad, programas sociales y obra pública.
12 de Enero de 2026
El gobierno de Javier Milei profundizó en 2025 un ajuste presupuestario de magnitud inédita, con una contracción real cercana al 29 por ciento del gasto público nacional respecto de 2023, incluso después de descontar el efecto de la inflación. La política de contención fiscal impactó de lleno en áreas sensibles del Estado y dejó al descubierto el alcance real de la denominada motosierra.
? El ajuste de Milei no dejó área sin recorte: en 2025 el gasto público real cayó casi 30% frente a 2023. Salud, educación, seguridad, programas sociales y obra pública fueron los más golpeados por la motosierra fiscal. #Ajuste #Presupuesto #Economía pic.twitter.com/LkZdKhmkUJ
— grupo periodismo (@grup_periodismo) January 12, 2026
Los datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional muestran que el recorte fue generalizado, aunque no homogéneo. Si bien algunas partidas exhibieron leves subas interanuales frente a 2024, esos movimientos responden en gran parte a una base de comparación extremadamente baja, sin recuperar los niveles previos al cambio de gobierno.
La salud pública fue una de las áreas más golpeadas. Hospitales nacionales, organismos regulatorios y programas sanitarios registraron recortes profundos, con casos de ejecución prácticamente nula en políticas de prevención y atención territorial. La reducción encendió alertas sobre la continuidad de prestaciones básicas en un contexto de mayor demanda social.
En educación, el ajuste fue aún más drástico. Programas vinculados a conectividad, infraestructura escolar y fortalecimiento docente sufrieron caídas reales de entre 75 por ciento y 100 por ciento, agravando tensiones en el sistema educativo en medio de pérdida del poder adquisitivo y deterioro de las condiciones de enseñanza.
La seguridad tampoco quedó al margen del recorte. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, las partidas destinadas a fuerzas federales y Fuerzas Armadas registraron caídas reales de entre 18 por ciento y 31 por ciento, a contramano de un escenario donde la inseguridad figura entre las principales preocupaciones sociales.
El ajuste fue especialmente crítico en programas sociales. Iniciativas orientadas a primera infancia, economía social, comedores comunitarios y asistencia alimentaria sufrieron recortes severos, con niveles de ejecución cercanos a cero en algunos casos. A la vez, las transferencias a provincias y municipios se desplomaron, debilitando la capacidad de los gobiernos locales para sostener servicios básicos.
En paralelo, la obra pública quedó prácticamente paralizada, con caídas superiores al 90 por ciento en programas de infraestructura vial, urbana e hidráulica. El freno a la inversión estatal impactó de lleno en el empleo de la construcción y eliminó uno de los principales motores de la actividad económica.
El resultado es un Estado mucho más chico, con un peso creciente del servicio de la deuda y menos margen para políticas públicas, en un contexto de inflación persistente, consumo deprimido y salarios reales en retroceso.
