EMOVA junta multas como caramelos y Macri sigue creyendo que el subte se arregla con la mirada

La pregunta ya no es si Jorge Macri le va a sacar la concesión del subte a EMOVA, sino si el Jefe de Gobierno porteño tiene un certificado de socio honorario en la empresa que maneja los vagones. Porque cuando una compañía acumula multas con la regularidad con que el sol sale por el Este, y el Estado que debería sancionarla opta por el beso en la frente y el "seguí así campeón", no hay subterráneo que valga, hay complicidad que se huele a tres estaciones de distancia.

Las actas de infracción llueven sobre EMOVA como confeti en la fiesta del PRO, pero la concesión sigue más firme que el discurso de Macri cuando dice que va a bajar la inseguridad.

El expediente de EMOVA parece más un carnet de puntos de una licencia de conducir de un kamikaze al volante que el legajo de una empresa que mueve millones de pasajeros. Infracciones por falta de mantenimiento, por incumplimiento de frecuencias, por ascensores que funcionan cuando les pinta, por estaciones que parecen escenarios de una película postapocalíptica.

Cada día los inspectores de la Ciudad labran multas y cada día EMOVA las acumula con la indiferencia de quien sabe que el papá de la criatura no le va a pegar. Porque el papá, en este caso, se llama Jorge Macri y tiene el poder de rescindir el contrato, pero prefiere hacer la vista gorda mientras los usuarios viajan apretados como ganado en un camión.

Lo curioso es que la ley es clara y las multas diarias configuran un escenario de incumplimiento grave que habilita la caducidad de la concesión. Pero la ley, como el sentido común, parece no aplicar cuando hay negocios de por medio y apellidos que pesan más que un vagón lleno en hora pico.

Macri prefiere salir a hablar de seguridad, de cámaras y de patrulleros, mientras abajo, en las entrañas de la ciudad, el subte se cae a pedazos y la empresa que lo maneja se ríe del Estado con la desfachatez de un alumno que sabe que el profesor está comprado. Porque si EMOVA no cumple y sigue operando, no hay multa que valga, hay una decisión política de no tocar el negocio, y esa decisión tiene un nombre y un despacho en Uspallata.

La pregunta que atraviesa los andenes no es técnica ni jurídica, es política y hasta moral. ¿Cuántas multas más tiene que acumular EMOVA para que Macri deje de hacerse el distraído? ¿O es que acaso el PRO ya internalizó que el subte es un botín de guerra y que la calidad del servicio es el costo que los porteños pagan por mantener contentos a los amigos del poder? La concesión no se cae por casualidad, se sostiene por decisión, y mientras Macri no mueva un dedo, el mensaje es claro: las multas son decorativas, el negocio es sagrado y los pasajeros, con su boleto caro y su viaje indigno, financian esta pantomima de control que el gobierno porteño se niega a terminar.