Ajuste sobre el Estado Nacional
Tras eliminar 60 mil empleos públicos, el Gobierno prepara un nuevo recorte que podría afectar a 28 mil trabajadores
La administración de Javier Milei proyecta reducir otro 10 por ciento del personal estatal en 2026. ATE advierte que podría adelantar el paro nacional y denuncia un vaciamiento ideológico del Estado.
1° de Diciembre de 2025
El Gobierno nacional avanza con un nuevo recorte sobre la planta del sector público, luego de haber eliminado 60.784 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Según trascendidos dentro de Casa Rosada, la nueva etapa del ajuste podría implicar un recorte del 10 por ciento, afectando a 28 mil trabajadores más durante 2026.
La motosierra que el Gobierno aplica desde diciembre de 2023 ya redujo un 17,7% la dotación del Estado Nacional, lo que equivale a 83 empleos eliminados por día. La mayor pérdida laboral se registró en empresas y sociedades del Estado, seguidas por organismos descentralizados y centralizados.
Los casos más contundentes se verifican en áreas estratégicas: Correo Argentino con 5.155 despidos, Operadora Ferroviaria con 3.375, Banco Nación con 2.069, Aerolíneas Argentinas con 1.887, AySA con 1.686 y la ex Télam, virtualmente desmantelada con 641 desvinculaciones, lo que representa un 79 por ciento de su personal.
La purga laboral también alcanzó a organismos técnico-científicos como CONICET, con 1.964 recortes, y el INTI, que perdió 774 trabajadores, golpeando la capacidad estatal de generar ciencia y tecnología. En áreas de control estatal como SENASA, ENACOM y ARCA, la reducción del personal impacta de lleno en políticas sanitarias, seguridad alimentaria y recaudación pública.
Frente al nuevo ajuste que se anticipa, ATE declaró el estado de alerta y evalúa adelantar el paro nacional previsto durante el debate de la reforma laboral. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el plan oficial no es económico, sino ideológico: “No quieren destruir el Estado, quieren moldear uno al servicio de los grandes grupos económicos”.
El gremio cuestionó el argumento fiscal del Gobierno, al recordar que el gasto en contratados representa menos del 0,5 por ciento del presupuesto, mientras que el endeudamiento supera el 25 por ciento del gasto público anual.
De concretarse, el nuevo achique del Estado profundizaría la pérdida de capacidades y servicios públicos en todo el país, en un contexto de fuerte recesión y caída de la actividad económica.
